#TPP el lío Krugman

Hace unos días Paul Krugman decidió abordar el tema del TPP en su blog. A muchos de sus lectores les parecía que hacía falta su voz en la discusión a la que otros economistas como, Joseph Stiglitz, se han sumado con entusiasmo. La respuesta de Krugman parece decepcionante–tomando en cuenta la vocación provocadora–pues argumenta que no entiende por qué tanto escándalo (en pro y en contra) si en general, entre los países firmantes las barreras de libre comercio ya están bajas y bajarlas todavía más no va a tener un impacto significativo para sus economías. En términos netos, Krugman tiene razón: el TPP no va a significar mucho (aunque Peña lo promocione como si fuera lo máximo).

El problema es que ese argumento deja fuera que no sólo se trata de quitar barreras sino de hecho de imponerlas a través de regulación excesiva, por ejemplo de Propiedad Intelectual, y quitarle a los Estados poder sobre las corporaciones, de ahí que uno de los puntos centrales del TPP sea el de la “soberanía de las corporaciones” (que puedan demandar a los Estados cuando sus leyes no les gusten) y que eso en muchas ocasiones no necesariamente se traduce en beneficios en los contextos locales. Otro economista, Dean Baker, director del Center for Economic and Policy Research le contestó a Krugman precisamente partiendo del hecho de que el lío no se trata por el “libre comercio” sino por los alcances y consecuencias en los tratados de esta naturaleza.

En todo caso, parece que don Paul Krugman cayó en la retórica del gobierno estadounidense que insiste en que el tratado no es gran cosa. Todo esto con una negociación que sigue siendo secreta y donde los grupos de interés público han estado excluidos de manera sistemática.

Por último, creo que este interés de los economistas al respecto, debería también de verse en México. Ojalá algunos de los que nos leen se interesen y le entren. En este caso, con el 20 aniversario del TLC, me parece que el contexto es propicio para hacer una revisión de cómo nos han beneficiado los tratados de libre comercio y por qué seguimos pensando que esa es la receta.

Propiedad Intelectual a la africana

El debate en torno a la propiedad intelectual ejemplifica una de las rupturas en los paradigmas del cambio de siglo. La digitalidad nos presentó interrogantes fundamentales al modelo de propiedad intelectual llevado durante el siglo XX, desde el cuestionamiento al concepto mismo hasta las implicaciones que su protección—fuera de control—acarrea para la vida diaria de las personas: acceso a medicamentos, monopolios culturales, conocimiento tradicional, etc. Es así que prestar atención a los debates alrededor del tema nos puede mostrar una panorámica de por quién y cómo se moldea nuestro futuro en distintos terrenos.

Después de varios días de sesión del Congreso Global de Propiedad Intelectual e Interés Público, hemos conocido de primera mano la experiencia de muchos países. Este año el foco apuntó a los países africanos, usualmente excluidos de una discusión centrada en la resistencia a la imposición estadounidense en el modelo de copyright. En buena medida es sorprendente el nivel del debate, sobre todo comparado con México en donde todo lo relacionado con propiedad intelectual se discute en los términos del IMPI que actúa, desde su creación, a modo de vocero de AMPROFON, CALC, MPAA y otros.

La mayoría de los países africanos no cuenta con regímenes locales de propiedad intelectual sino con instrumentos internacionales para ello, los que lo tienen han adaptado de manera más o menos afortunada lo que hay en otras latitudes. En este contexto, una red formada a partir del proyecto Open A.I.R ha detonado una conversación de largo aliento sobre el futuro de la propiedad intelectual en el continente, ésta la han enmarcado en los conceptos de moda: innovación y conocimiento.

El diagnóstico presentado en el libro Knowledge & Innovation in Africa: Scenarios for the future (publicado para este congreso), comienza con cuatro preguntas: ¿Cómo entendemos el progreso? ¿Qué rol juega la innovación? ¿Cómo está gobernado el conocimiento? ¿Cómo las respuestas a estas preguntas están moldeadas por el contexto político, económico, legal, social, cultural y ambiental? Para responderlas, primero reconocen la competencia de paradigmas: el enfocado a la reducción de la pobreza y el que se enfoca en las capacidades y libertades de la sociedad e individuo así como la creación de políticas sustentables. Critican a los entusiastas de la innovación y más bien hacen distinciones entre los tipos de innovación: abierta, cerrada, de usuario, desde abajo, social e inclusiva. Sobre la gobernanza del conocimiento hacen una obvia disección como sigue: conocimiento codificado, no codificado, tácito, contextual y acontextual; así como las categorías de hechos, habilidades, relaciones y teorías.

Frente a esto han planteado tres escenarios para el futuro que sirvan como base del debate en torno a la propiedad intelectual en el continente: “compromiso inalámbrico”, “informal es la nueva normalidad” y “sinceramente africano”. Para el primer escenario, advierten la conectividad como impulsor de cohesión social y participación ciudadana; a partir de ahí reflexionan sobre los retos en un continente prácticamente desconectado, la falta de capacidades del Estado para proveer y regular, así como  sobre los recursos educativos concentrados; no solamente se propone abrir y conectar sino que se reconoce una dinámica adversarial entre el modelo dominante de propiedad intelectual y el de acceso al conocimiento.

Como en México, aquí el tema es la informalidad, 55% del PIB de África subsahariana proviene de la economía informal. En lugar de verlo como un problema el escenario planteado por Open A.I.R más bien apuesta por decir que la informalidad es la nueva normalidad. A partir del esquema de gobernanza del conocimiento estudiaron formas de apropiación tecnológica en la informalidad y un sistema que de hecho, se basa en compartir, en la innovación como manera de supervivencia y en la transferencia constante de conocimiento; esto, dicen, rivaliza con el sistema formal de protección de propiedad intelectual que pondría obstáculos a este sistema. La conclusión parece ser que lo ideal es que se pueda obtener el mayor beneficio de asegurar que se mantenga esta nueva normalidad.

Con un tono de emancipación, el último escenario “sinceramente africano”, reconoce y asigna valor a la vida y producción comunitaria, al conocimiento tradicional—al mismo tiempo que evidencia el daño que le haría adoptar el sistema reinante de propiedad intelectual, marcas y patentes— y al entendimiento holístico de la compleja interdependencia de sistemas naturales en África. Advierten que en un mundo donde el conocimiento es abundante y los recursos naturales escasos, la idea de propiedad puede resultar hipnótica para quienes diseñan las políticas públicas en materia de propiedad intelectual. Tomar la abundancia como un hecho y más bien pensar en un sistema basado en la ética, la cultura y la vida espiritual de las comunidades, concluye el estudio.

Para la Dra. Ruth Okediji de la Universidad de Minnesota, presente en las conferencias, para elaborar políticas de propiedad intelectual, se debe evitar construir un modelo de consenso y basado en el comando y control.  Dice Okediji que tendríamos que dejar de pensar (lo hacemos casi de manera inconsciente, digo yo) en que desarrollo es igual a mayor tecnología, incluso propone dejar de hacerlo cuando pensamos en que la regulación actual de propiedad intelectual significa: más desarrollo, más inversión y más transferencia tecnológica. No hay, dice, un nexo causal fuerte entre una cosa y otra. En su conferencia, también pone en duda el argumento de los incentivos y propone que para discutirlos antes nos preguntemos sobre su rol, propósito, costo, diseño y consecuencias; de lo contrario, dice, los incentivos en el sentido utilitario clásico reemplazan las necesidades humanas.

Por último hubo una crítica generalizada a la imposición de modelos que minan las capacidades locales de redireccionar el conocimiento que tiene como resultado el outsourcing del interés público. Se hizo un llamado al Estado para ser un árbitro del interés público en los conflictos de propiedad intelectual y no sólo comportarse como custodio.

Desde aquí pienso en que es una lástima que en México no sólo no estemos teniendo esta discusión, sino que probablemente no la tendremos. Hemos dado por válida una sola receta para resolver la idea de propiedad intelectual, nos hemos centrado en discutir qué tanto adoptamos esos modelos que probablemente trasgreden el interés público (ej. TPP) y cómo podemos matizarlos. Por otro lado es refrescante constatar que a pesar de la arrogancia filantrópica (ej. Jeffrey Sachs) de las últimas décadas, las discusiones aquí siguen teniendo un aire de continente en construcción (y que se han tomado muy en serio). En las pláticas que he sostenido con gente de Nigeria, Kenia y Congo me aseguran que esperemos a ver qué sucede con la generación del bono demográfico africano: la generación cheetah.

#TPP Un acuerdo sin beneficios claros

La semana pasada se filtró el capítulo de propiedad intelectual del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), lo que ha causado distintas reacciones a nivel internacional y doméstico. La cámara de representantes en Estados Unidos envió una carta al director de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para que desistiera de su intención para que el TPP pase sin revisión del congreso. En México, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, respondió torpemente a las preguntas al respecto.

El Secretario de Economía enfatiza:

‘‘México es uno de los países donde el proceso de consulta a organizaciones ha sido más amplio y detallado’’.

¿En serio? Pues que nos platique quiénes han tenido acceso a las consultas. De momento, en su comparecencia  de febrero pasado, el Senado no tenía mucha idea del TPP, ¿eso es amplio y detallado? ¿Las objeciones que senadores del PRD y PAN han expuesto tienen ya un foro de discusión formal y abierto para desahogarse? La respuesta es NO. Supongo que los conceptos “consulta”, “amplio” y “detallado” del Secretario difieren del sentido común. Ahora, no es lo mismo consultar con los maximalistas de derechos de autor como la MPAA, AMPROFON, APCM, CALC, que a sectores de Derechos Humanos que no hemos tenido invitación para dichas consultas amplias. ¿Cuál es el proceso de selección para asistir? Supongamos que nos invitan, nos encierran en un cuarto, nos dan el texto, y todo lo hacemos de manera secreta: entonces cambiemos el lenguaje, aunque se trate de una consulta en estricto sentido, no es un proceso amplio y mucho menos detallado.

Enmarquemos el TPP en donde corresponde. A pesar de que se trata, en sus términos, de un tratado de libre comercio, es todo menos libre, por el contrario, se trata de un acuerdo  de expansión del proteccionismo a las corporaciones. En el capítulo filtrado, por ejemplo, se vuelve más fácil para las compañías farmacéuticas la extensión de sus patentes por más años, además de la capacidad de negar información de las mismas para la investigación científica en el desarrollo de nuevas medicinas. Estas medidas ayudarían a un alza generalizada en el precio del acceso a la salud, además de eliminar la competencia de fabricantes de genéricos que equilibran los precios en el mercado.

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#TPP Documento completo en español

El documento del capítulo de propiedad intelectual del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) se encuentra ya en español. Tiene dos lecturas posibles (probablemente más), la primera es una de fondo; es decir, observar detalladamente los temas importantes dentro del capítulo e imaginar sus efectos y la segunda es una de forma; es decir, observar la geopolítica del documento gracias a los corchetes, vemos como Estados Unidos va solo en muchas propuestas, su alianza con australia y el bloque en contra de muchas propuestas.

Aquí dos propuestas para ambas lecturas, si quieren analizar el fondo del documento, mis preocupaciones están en ciertos temas donde el TPP es muy parecido a ACTA, a saber:

  • Responsabilidad de intermediarios (ISPs), artículo QQ.I.1
  • Daños pre-establecidos, artículo QQ.H.4.Y(15)
  • Responsabilidad penal, artículo QQ.H.7(2)
  • Medidas de protección tecnológica, artículo QQ.G.10
  • Medidas fronterizas, artículo QQ.H.6(8)

Si lo que quieren es analizar la forma y las relaciones de los países dentro del acuerdo, Gabriel Michael (@gabrieljmichael) de la George Washington University, está haciendo un muy buen análisis retomado hoy por Henry Farrell en el Washington Post, además de una buena visualización de Michael Simeone sobre los países negociadores y sus conexiones a partir de los datos de Gabriel.

El TPP sigue en secreto, otra ronda de negociación se lleva a cabo en Salt Lake City y el gobierno mexicano insiste en mentir al respecto ¿hasta cuándo?

Aquí el texto completo en español

 

 

#TPP carta a los presidentes

El día de hoy varias organizaciones que pertenecen a la alianza por el gobierno abierto, convocados por la Sunlight Foundation, enviamos una carta a los presidentes de los países negociadores del TPP. Esta carta enfatiza la contradicción y doble discurso de los gobiernos que, por un lado defienden el gobierno abierto y por el otro promueven acuerdos que son opacos en la forma y dañinos para los principios de un gobierno abierto en el fondo. Esto me parece especialemente relevante porque funcionarios del gobierno federal, en los recientes diálogos por la gobernanza de internet, no parecían hacer esta conexión que se antoja de Perogrullo.

Aquí la carta que he traducido al español:

 

Hassanal Bolkiah , el Sultán de Brunei

Sebastián Piñera , Presidente de Chile

John Key , Primer Ministro de Nueva Zelanda

Tony Tan , presidente de Singapur

Barack Obama , Presidente de los Estados Unidos de América

Tony Abbott , el Primer Ministro de Australia

Ollanta Humala , Presidente de Perú

Truong Tan Sang , Presidente de Vietnam

Najib Razak , Primer Ministro de Malasia

Enrique Peña Nieto, presidente de México

Stephen Harper, Primer Ministro de Canadá

Shinzo Abe , el primer ministro de Japón

Ma Ying- jeou , presidente de Taiwán

 

Nosotros, los grupos de la sociedad civil abajo firmantes , instamos llevar a cabo cualquier negociación comercial más de una manera consistente con los principios democráticos de transparencia y rendición de cuentas .

Los países que participan en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) deben conciliar un proceso radicalmente secreto que atenta contra los valores de transparencia que pretenden defender, con mecanismos tendientes a fortalecer la legitimidad de los acuerdos internacionales, y buscar el equilibrio adecuado entre los intereses corporativos y públicos.

El Acuerdo de Asociación Transpacífico es un acuerdo internacional vinculante que podría tener profundas implicaciones para comercio en todo el mundo, se prevé la modificación o el menoscabo de las políticas que afectan a la seguridad del consumidor, el acceso a los medicamentos, los derechos de propiedad intelectual y la libertad de Internet. Doce países de la costa del Pacífico participaron en la más reciente ronda de negociaciones que tuvo lugar en agosto en Brunei, y varios otros han expresado su interés en unirse .

Este acuerdo tiene el poder de anular la legislación nacional y local en un sinnúmero de temas porque signatarios del Acuerdo de Asociación Transpacífico deberán llevar las políticas nacionales existentes y futuras en conformidad con las normas internacionales establecidas en el acuerdo. A pesar de la importancia esencial de este acuerdo y el creciente apoyo internacional a principios de “gobierno abierto”, el TPP ha sido negociado en secreto, con una acotada participación del público; sólo los funcionarios del gobierno y un pequeño grupo de representantes de la industria han tenido acceso a los borradores de este acuerdo .

Muchos de los mismos países que han participado en las negociaciones secretas del TPP, entre ellos Chile , Nueva Zelanda , Estados Unidos, Australia , Perú , México y Canadá , asistieron a la reunión Sociedad de Gobierno Abierto de este mes para tratar de vender sus compromisos con la transparencia.

Sin embargo, proceso de negociación del TPP ha encarnado los valores de lo contrario, el secreto y el acceso únicamente a la elite, socava los principios democráticos que estos países pretenden representar. El secreto que rodea las negociaciones del TPP ha llevado a una reacción pública generalizada y decididamente negativa, incluyendo una creciente oposición en los EE.UU. Al interior del Congreso y entre los miembros del Parlamento de Nueva Zelanda, la frustración en Japón y Australia, y el escepticismo de todo el mundo. Como se muestra en reacción a las recientes revelaciones de Wikileaks, que, por primera vez, permite a defensores y expertos ver y analizar una parte del acuerdo, hay una clara necesidad y el deseo para que el público tenga acceso al proceso de negociación.

Permitir que los representantes de la industria tengan acceso a los borradores y al proceso de negociación, prácticamente garantiza que los intereses de las empresas estarán representados en detrimento del interés público en ámbitos tan diversos como la libertad de expresión, el acceso a la medicina, la seguridad de productos de consumo, y muchos más. Con el fin de garantizar que los principios democráticos se conserven, los responsables políticos, la sociedad civil y miembros del público deben tener la oportunidad de tener un nivel de participación y compromiso en este proceso que sea al menos igual a la de los representantes de la industria.

El intento de llevar a cabo las negociaciones internacionales en secreto se ha demostrado insostenible en el pasado, con una creciente oposición pública, los detalles de estos acuerdos son filtrados por aquellos en posiciones de poder que aparentemente comparten estas preocupaciones. Creemos que es hora de que los gobiernos de todo el mundo estén a la altura de su propia retórica y ampliar sus compromisos con la apertura y la participación pública en el TPP y cualquier futura negociación.

#TPP Guajardo responde

El día de ayer después de las reacciones por la filtración del capítulo de propiedad intelectual del TPP, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, respondió a algunos de los cuestionamientos de los medios de comunicación que le han dado seguimiento al tema. Debemos decir que en este caso particular, salvo algunas excepciones, la prensa mexicana no ha estado a la altura: sin ningún comentario al respecto y acotándose a informar con fuentes oficiales, el entendimiento de un tema complejo no se aclara.

El Secretario Guajardo argumenta que es falso que el TPP viole derechos. Supongo que cientos de organizaciones y académicos en el mundo deben estar locos, que si lo dice el Secretario, es cierto. De pensar que esto es así, el debate público se reduce al mínimo, lo que parece ser la estrategia del gobierno federal. En su respuesta el Secretario de Economía asegura que nada está dicho porque continúan las negociaciones, eso es cierto, sin embargo esa respuesta evade que ya hay partes acabadas del TPP tras casi veinte rondas de negociación y que no se termina por entender del todo la postura mexicana en tanto que ES SECRETO. Un argumento de este tipo trata de cubrir un hecho: a diferencia de hace unos meses, ahora sabemos qué se está negociando a espaldas de los ciudadanos, entonces debemos cuestionar icluso “lo que no está acabado”.

Dice Guajardo que es “totalmente falso” que se violen derechos de privacidad y de los proveedores de servicio de internet, pero tampoco niega que clausulas cuya consecuencia sea esa violación no ESTÉN en el texto que se negocia (Secretario: ya lo vimos, no se haga), afirma que hay varias posturas al respecto:

‘‘Lo que puedo aclarar con mucha certeza es que hay mínimo tres posturas en el tema y en eso está el proceso. Algunos países tienen una posición restrictiva, otros no favorecemos eso y en ese sentido estamos en la negociación. Hay que ir procesando las diferencias para llegar a un acuerdo y ese tema no se ha cerrado porque no hay acuerdo’’

Bien, yo pregunto por qué en los corchetes mexicanos, no se nota una postura más clara y decididamente a favor de las personas. Espero que ahora que ya no es tan secreto la coherencia entre el dicho y el hecho se note. Además otros derechos parecen violarse como el de acceso a la salud, Médicos sin Fronteras y ahora la UNITAID, respetadas organizaciones internacionales, han analizado y documentado al respecto, rarísimo que el Secretario no los haya consultado en su ejercicio tan amplio de consulta.

Otra mentira retórica, el Secretario de Economía enfatiza:

‘‘México es uno de los países donde el proceso de consulta a organizaciones ha sido más amplio y detallado’’

¿En serio? Pues que nos platique quiénes han tenido acceso a las consultas. De momento, en su comparecencia en febrero pasado, el Senado no tenía mucha idea del TPP, ¿eso es amplio y detallado? ¿Las objeciones que senadores del PRD y PAN han expuesto tienen ya un foro de discusión formal y abierto para desahogarse? La respuesta es NO, supongo que los conceptos “consulta”, “amplio” y “detallado” del Secretario difieren del sentido común. Ahora, no es lo mismo consultar con los maximalistas de derechos de autor como la MPAA, AMPROFON, APCM, CALC que a sectores de Derechos Humanos, que no hemos tenido invitación para dichas consultas amplias ¿cuál es el proceso de selección? (ya le debió haber llegado la solicitud de transparencia). Supongamos que nos invitan, nos encierran en un cuarto, nos dan el texto, y todo lo hacemos de manera secreta: entonces cambiemos el lenguaje, eso no es ni consulta ni un proceso amplio y mucho menos detallado.

Sobre los derechos de autor presume el secretario:

“el debate está en ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre. O defiendes los derechos de autor de una manera draconiana impidiendo el uso sano de los mecanismos de comunicación como Internet, o te vas a un extremo de relajamiento en el que nunca va a haber incentivos a la creatividad, porque entonces los autores no van a tener posibilidad’’.

El Secretario trata de polarizar el tema: o protección desmedida o el caos (México propuso en el TPP ampliar la protección a 100 años como piso, supongo que eso no es “draconiano” ¿no?). Lo cierto es que no es así, sobre todo habiendo instrumentos internacionales de referencia pública como el reporte del Relator de Libertad de Expresión de la ONU sobre libertad de expresión e internet o la Declaración conjunta de libertad de expresión e internet; ambos documentos tratan el tema de propiedad intelectual y dicen que el balance debe estar en la ponderación de ésta con la libertad de expresión; es decir, las excepciones y limitaciones tendrían que proteger al usuario y no a la industria. Precisamente hoy el Center for Law and Democracy sacó un comunicado explicando cómo se afecta a la libertad de expresión con lo revelado, ¿totalmente falso?

Dice Guajardo que el documento no revela en nada la posición en la mesa de negociaciones, ¿entonces? ¿Entre el 30 de agosto (fecha del documento) y hoy, ha cambiado por completo? ¿O estará infiriendo que el documento es falso cuándo no ha sido negada su veracidad ni por la oficina de tratados de EE.UU.? En todo caso el gobierno y legisladores deberían estar pensando en una reforma integral al sistema de propiedad intelectual en México y ampliamente deliberada públicamente.

Le dejo al Secretario algunos enlaces:

La alianza TPP abierto

Our Fair Deal Coalition

Los principios “Derecho a Compartir” de ARTICLE 19 sobre libertad de expresión y copyright

Algunas investigaciones:
The Web of Trade Agreements and Alliances and Impacts on Regulatory Autonomy

Internet Society Issues Paper on Intellectual Property on the Internet

Corporate Power Unbound: Investor-State Arbitration of IP Monopolies on Medicines – Eli Lilly and the TPP

Trade Agreement Cats and the Digital Technology Mouse

TPP: wikileaks lo hace de nuevo

El pasado miércoles 13 de noviembre, WikiLeaks dio a conocer un documento de 96 páginas referentes al capítulo de propiedad intelectual del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP por sus siglas en inglés), este documento proviene de la decimonovena ronda de negociación del acuerdo llevada a cabo entre el 22 y 30 de agosto de 2013 en Bandar Seri Begawan, capital del sultanato de Brunei. En el texto revelado, aunque no de muy fácil lectura, se pueden ver las posiciones por país dentro de los temas y el articulado del acuerdo.

¿Cómo llegamos a esto?

De acuerdo al Sistema de Información de Comercio Exterior de la Organización de Estados Americanos (OEA), “El proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico tiene por objeto la creación de una plataforma para una potencial integración económica en la región del Asia-Pacífico. Los países participantes en las negociaciones del TPP se proponen diseñar un acuerdo inclusivo y de alta calidad que siente las bases para el crecimiento económico, el desarrollo y la generación de empleo de los países miembros”.

El acuerdo es negociado desde el año 2005 por Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Posteriormente, en febrero de 2008 Estados Unidos hace pública su intención de sumarse al acuerdo y con ello se modifican los alcances y reglas para continuar con el contenido del TPP. No fue sino hasta 2012 cuando México fue notificado de su inclusión a las negociaciones. En un comunicado del 10 de julio de 2012, firmado por Ron Kirk, se notifica al Congreso estadounidense la inclusión de México previa presión del entonces presidente Felipe Calderón, quien en abril de ese año declaró “quisiera unir fuerzas lo antes posible con el TPP (Trans-Pacific Partnership), porque sabemos que los mexicanos pueden contribuir a una conclusión rápida y exitosa de este proceso”.

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Olvido y memoria

De cuando en cuando nuestros legisladores tienen ocurrencias respecto a cómo regular lo que sucede en Internet. A veces lo hacen con argumentos razonables que atienden batallas que se dan a nivel mundial por la libertad de la red, tal es el caso de la neutralidad de la red o el rechazo a ACTA. Otras veces, sin embargo, lo hacen a partir de falsas premisas o total ignorancia de cómo funciona la red, tal es el caso de la legislación para detener el ciberbullying o la última joya a cargo de la senadora del PRI Verónica Martínez Espinoza, quien propone que se legisle el llamado “derecho al olvido digital”.

La iniciativa de la senadora Martínez, si bien abre un nuevo debate en nuestro país, en realidad se trata de una discusión que se ha dado en la Unión Europea durante el último lustro, del cual se podría aprender mucho.

En 1990 el ciudadano alemán Wolfgang Werle asesinó al actor bávaro Walter Sedlmayr, años después, el convicto solicitó a wikipedia que borrara su nombre de la ficha del actor. La razón según sus abogados tenía que ver con el derecho a la privacidad de Werle pues de continuar la información disponible, no se podría reintegrar plenamente a la sociedad. Aquí se enfrentaron los abogados pro-privacidad contra los pro-libertad de expresión. Las dos visiones occidentales de la privacidad, antagónicas, se exponen en este caso.

En el 2010 se presentó por primera vez en la Unión Europea una serie de principios de privacidad ajustados a la nueva realidad digital. En el documento “A Comprehensive Approach on Personal Data Protection in the European Union” se detallan estos principios y definiciones, entre ellas el llamado derecho al olvido:

aclarar el llamado “derecho a ser olvidado”, es decir, el derecho de las personas a que sus datos no procesados y eliminados cuando ya no son necesarias para fines legítimos. Este es el caso, por ejemplo, cuando el procesamiento se basa en el consentimiento de la persona y cuando él o ella retira consentimiento o cuando el período de almacenamiento ha expirado. (p.8)

La propuesta suscitó, al contrario que en México, una serie de debates por más de dos años y varios juicios en las cortes europeas. Los resultados de esta pelea no fueron muy favorables para los defensores de la privacidad. En el año 2012 la Agencia Europea de Seguridad en Información y Redes (ENISA por sus siglas en inglés) publicó un estudio referente a esta discusión, en el estudio concluye que debido a la arquitectura de la red es técnicamente imposible ejecutar el llamado derecho al olvido sin vulnerar otros derechos o sin alterar el funcionamiento de la red.

El caso más reciente se ha dado derivado de un juicio que sostiene la Agencia Española de Protección de Datos contra Google en el Tribunal Europeo. Como explica Enrique Dans:

los derechos de cancelación y bloqueo de datos no otorgan al interesado el derecho de dirigirse a un proveedor de servicios de indexación para impedir que sea indexada información que le afecta personalmente y que haya sido publicada legalmente en páginas web de terceros, invocando su deseo de que los usuarios de Internet no conozcan tal información si considera que le resulta perjudicial o desea que sea condenada al olvido.

Pese a estos reveses y un interesante y profundo debate, la legisladora priísta no duda en comprar un lado de la película sin siquiera abrir una deliberación pública al respecto. Desde mi punto de vista se trata de usar el argumento de la privacidad para censurar la información en la red. Esto es, se confunde el legítimo derecho a la protección de datos personales con la falsa pretensión de que se pueden borrar al gusto.

El reporte de la ENISA brinda el siguiente ejemplo:

Considere que Alice se encuentra viendo la información personal de Bob en una pantalla de ordenador, mientras que se le permite hacerlo (es decir, antes de que Bob ha invocado su derecho a ser olvidado). Alice puede tomar una imagen de la pantalla con una cámara, tomar notas o memorizar la información. Es técnicamente imposible evitar que Alice de pueda hacerlo, o incluso a reconocer que ha obtenido una copia de los datos personales de Bob.

Enrique Dans argumenta:

 de la misma manera que nada ni nadie puede hacer que se recorran las hemerotecas de todo el mundo arrancando páginas de los periódicos antiguos, nada ni nadie debe poder “obligar al olvido”. El olvido se producirá cuando deba producirse, no cuando alguien reclame que se produzca. No, nadie tiene el “derecho” de escoger donde sale y donde no: cuando haces determinadas cosas, sales en determinados sitios, exactamente igual que hacer según qué cosas puede llevarte a salir en los periódicos, y nada ni nadie te va a eliminar después de ellos.

Traslademos la ocurrencia de la Senadora al terreno político, pensemos en historias públicas que involucraran a personas que decidieran que debemos olvidarnos de los hechos (como el asesino alemán). El resultado sería más opacidad, menos información disponible. sobre todo nadie está pensando en la protección en la información verdaderamente privada de la intrusión del gobierno, sino en proteger información pública, verdadera y legal haciéndola pasar por privada. En un país como el nuestro atrapado en la desmemoria lo que menos necesitamos es olvido.

Spotify a la mexicana

En el 2009 me convertí en usuario de Spotify, desde el primer momento supe que se trataba del “próximo Napster” en el sentido de cómo reta la forma tradicional -incluso la digital- de consumir música. Era increíble escuchar de manera gratuita y legal un extenso catálogo de artistas. Hace unos meses el servicio, que parecía una leyenda urbana, fue presentado para el público mexicano y por lo menos mis redes sociales parecen amarlo.  Actualicé mi cuenta a México (sacada hechizamente en Londres) y pagué por el servicio premium: grave error; mi playlist se vio reducida a la mitad pues el catálogo mexicano está lejos de ser extenso.

Dos palabras: propiedad intelectual. Las disqueras y las leyes no están preparadas para los servicios mixtos de streaming-peer to peer como Spotify, de ahí que su entrada a Estados Unidos tardó tantos años. En México no ha sido la excepción, pensando en lo retrógradas que son los de la sociedad de autores y compositores, difícilmente podremos esperar un avance rápido.

Mi profecía no fue del todo certera, Spotify puede ser presa de su propio éxito: a las disqueras nunca les parecerá suficiente el pago por los catálogos y exigirán más entre más crezca el servicio, esto puede llevar quebrar a la compañía. Por otro lado parece que los arreglos de Spotify con los sellos independientes está dando buenos dividendos a los nuevos artistas (aunque algunos se empeñen en decir lo contrario), esto podría ser un modelo a explotar y garantizar mayor penetración en la audiencia joven.

Es extraño el caso mexicano, en un país supuestamente ahoracado por la piratería, la mejor opción es ver a Spotify como parte de la solución y no del problema. La piratería no es un asunto legal sino económico: los altos precios de los bienes culturales (música) en oposición a los bajos ingresos en la mayoría de las familias en las economías emergentes y la necesidad (muchas veces creada)- derecho de acceder a los mismos. Así las disqueras mandan un mensaje esquizofrénico, por un lado moralizan el discurso anti piratería (“¿de qué vivirán los músicos?”, “¡Se va a acabar la cultura!”) y por el otro obstaculizan una solución legal a la misma. Parece que lo que tratan de decir es lo siguiente: prefiero llorar por la piratería que solucionarla, llevarme grandes cantidades de dinero por lo primero en lugar de invertir en lo segundo. Una lástima para los usuarios.