Legisbullying

Cursé la primaria entre los años 91 y 97, en esos tiempos Internet prácticamente no existía en los hogares de mis compañeros salvo los privilegiados que tuvimos computadoras desde los 80, el llamado bullying ocurría tanto como ahora, pero en esa época parecía no importar mucho, se entendía como algo inevitable. Yo hubiera podido encajar en la categoría de bully; es decir, el niño que por sus propias inseguridades molestaba a otros, nunca pasó a mayores, ejercía más violencia mental que física sobre mis compañeros de clase. Los años y una buena dosis del catolicismo de los escolapios hasta la preparatoria, me hicieron entender las consecuencias de las palabras que decía a los compañeros de la escuela.

La pequeña autobiografía viene a cuento por el desmedido pánico moral de la nueva generación de padres y autoridades para “acabar” el bullying, un problema real pero que más bien corresponde a la esfera privada: el hogar de los niños bullys o bulleados. Las soluciones son distintas, las no invasivas que son campañas de información y hasta de educación para padres, y aquellas donde se exige a las escuelas tener políticas anti bullying si no quieren sanciones de la autoridad. Una nueva categoría se anexó a la cruzada en gran medida gracias al triunfo de las redes sociales como fuerza disruptiva en la esfera pública y de medios de comunicación: el cyberbullying.

El prefijo “cyber” en cualquier palabra muchas veces viene acompañado de un pánico moral cuya función es simplificar el discurso entre lo bueno y lo malo en el peor de los casos o en la delirante distinción entre lo “real” y lo “virtual”; como ejemplo de lo primero,  ”cyber” está destinado a calificar lo malo: “cyberbullying”, “cyberguerra”, “cyberacoso”, “cyberfraude” y “cyberterrorismo”; como ejemplo de lo segundo, las leyes para acabar con todos esos males. En una investigación de 2009, Darby Dickerson identificó como primer problema del cyberbullying la falta de un consenso (legal o académico) para su definición, según Dickerson antes de generar cualquier política pública al respecto por lo menos se deberían determinar cuatro elementos:

  • considerar los tipos de actividades que podrían incluirse dentro del concepto,
  • considerar el tipo de daño,
  • considerar el nivel de intención requerida por el infractor,
  • determinar la medida en que se abordará la conducta fuera del campus.

Estas cuatro reflexiones parecen ausentes en las conclusiones de algunos de nuestros legisladores al momento de crear leyes al respecto, parece, en cambio, que responden a otro tipo de intereses. Dickerson hace un muy buen trabajo de delinear estas inquietudes. Señala que conductas como “acoso cibernético” o “ciberamenazas” podrían ser incluidos, mientras que las cuestiones de fraude probablemente no deberían estar, argumentando que “no toda la mala conducta que se produce en línea debe ser etiquetado como el acoso cibernético”, además de que existen leyes específicas al respecto. Dickerson advierte a las instituciones para recordar “la libertad de expresión y los problemas constitucionales conexos”. Ella es escéptica de la ampliación del término para incluir simplemente ser un idiota en línea, y se cuestiona sobre el etiquetado de estudiantes como acosadores cibernéticos que no muestran real malicia u hostilidad. También plantea muchas preguntas importantes acerca de lo que significa estar “fuera de las aulas” en el ciberespacio. Dickerson concluye instando a las instituciones para definir claramente el término antes de la promulgación de políticas públicas, destacando muchas preguntas importantes que deben ser respondidas primero.

Dickerson parece omitir, sin embargo, el hecho de pensar en términos separados. El bullying es el mismo hoy que cuando yo era pequeño, la diferencia está en el contexto. Los legisladores deberían de estar pensando si el marco normativo actual se ha adaptado a el uso de nuevas tecnologías y no en inventar delitos que pueden tener consecuencias más negativas de los males que pretenden solucionar. Trasladar la culpa del bullying al Internet  evade el problema y sólo sirve como paliativo para la histeria de la corrección política.

Los Derechos Humanos como la libertad de expresión, no tienen edad para ser ejercidos, a veces se nos olvida que los niños también tienen ese derecho y que en todo caso, las ofensas no son un discurso criminalizado por la ley. Danah Boyd, quien ha producido mucho conocimiento en la relación entre adolescentes e Internet, revela que entre los niños y adolescentes el pánico moral del bullying tiene poca resonancia y que, contrario a lo que pensarán los padres, son conscientes de hasta dónde molestar al otro y qué se condena; es decir, ejercen su libertad de expresión y la autorregulan en un mercado libre de ideas. Los límites que ya establece la ley podrán ser aplicados si los rebasan por lo que una nueva ley y delitos es puro populismo legislativo.

La iniciativa aprobada por el  Congreso de Nuevo León contra el cyberbullying, entra dentro de una categoría que nombraremos como: legisbullying. El legisbullying es una forma en la que nuestros representantes nos hacen bullying con leyes que nos afectan, a veces son producto de la lobbytomía (el cabildeo que atrofia la manera de pensar del legislador) o a veces simplemente de la llana ignorancia. El caso de la iniciativa neoleonesa parece ser el segundo caso: ignora las obligaciones internacionales del Estado Mexicano acerca de derogar los delitos contra el honor de las leyes penales y adecuarlas al marco civil, ignora también la técnica de tipificación penal, como en ninguna otra rama del derecho en la penal la forma ES fondo, para tipificar hay que ser claros y específicos, se debe legislar sobre conductas realizadas; la propuesta en cuestión es amplia y ambigua, penaliza intenciones y además, lejos de atacar el problema, parece abrir la puerta a la censura discrecional, concluyo preguntando: ¿a nosotros quién nos protege del legisbullying?

 

20 años viviendo con la World Wide Web

El 30 de abril de 1993 se publicó un documento que cambiaría la historia del mundo, parece exagerado pero no es así, se trata de la puesta en el dominio público de la World Wide Web, que hasta ese momento había funcionado de manera privada y para la investigación (1989-1993). Esto le dio sentido material a la red, se cumplieron tres de sus reglas: nadie la posee, todos pueden usarla y cualquiera puede mejorarla.

La fiebre de la web no se hizo esperar y en 20 años un tercio de la población del planeta usa internet, hemos adoptado sus servicios de manera social y probablemente las nuevas generaciones ni siquiera imaginen una vida desconectados. Del nacimiento de los blogs a la predicción de la taquilla de cine a través del análisis de tuiter, los servicios web han evolucionado como ninguno otro en el mismo lapso de tiempo, de Negroponte al escandaloso Morozov los debates teóricos-ideológicos sobre la red no han cesado; la política y hasta la democracia han ido transformándose con la adopción de Internet para la participación ciudadana, los gobiernos autócratas se han hecho más poderosos con sus cortinas de hierro virtuales y no pocas Cortes en el mundo han sufrido para resolver casos de la virtualidad.

¿Qué hubiera pasado si la web no fuera de dominio público? Probablemente la historia reciente con primaveras virtuales y físicas, indignados, datos abiertos, wikis y la vida a modo de panopticón no existiría y no tendríamos nada que celebrar.

Que viva la web abierta.

Documentos originales del 30 de abril de 1993

Propiedad intelectual: la nueva generación

Desde el año 2000 cada 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual (DMPI) a petición de los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), resulta interesante enfocar lo anterior en una época en la que la OMPI no vive sus mejores días, por decir lo menos, se ha vuelto prácticamente irrelevante como espacio donde se deciden los nuevos rumbos de la Propiedad Intelectual, éstos debates se llevan a cabo fuera de la esfera pública en tratados internacionales concebidos a modo de una poderosa industria que cada vez más, desde la oscuridad, define la voluntad y visión de los gobiernos sobre el tema.

Reflexión aparte merece el hecho mismo de la existencia de un día celebrando la propiedad intelectual, este derecho no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar algunos fines, por lo que valdría la pena preguntarse ¿por qué celebrar?

El DMPI está dedicado en ésta ocasión a la creatividad, y como los últimos años está enfocado a las nuevas generaciones. Tarea difícil que se ha propuesto la OMPI, convencer a las nuevas generaciones que el maximalismo proteccionista de derechos de propiedad intelectual es el mejor camino en estos tiempos. Si su misión es atraer a las nuevas generaciones lo que se requiere es pensar distinto.

Durante el siglo XX cualquier cambio en la materia era discutido en los congresos  y tras una deliberación pública se generaban estos se fueron adecuando las leyes, así tuvimos la ampliación gradual del mandato, el tiempo de duración del monopolio etc., pero la publicidad del tema era una característica constante; durante la década de los 70 se convino la creación de la OMPI y con ella un nuevo espacio de discusión internacional referente a la propiedad intelectual.  La democracia agotó a sus participantes, pese a que las reglas en los organismos de la ONU sean claras y los márgenes de maniobra acotados, empezaron a ver peligroso la participación de todos en un tema de interés más particular.

La adopción social del internet en el siglo XXI puso de nuevo sobre la mesa una profunda discusión sobre qué hacer con los monopolios intelectuales en la era digital. Los intereses de una industria multimillonaria parecían estar en juego y comenzaron una cruzada sin precedentes para imponerse: la “propiedad intelectual” se debería de tratar igual en el mundo virtual y físico, peor aún, en el primero debería ser más feroz su protección; pequeño problema: internet es un máquina de copias. Los interesados lograron doblegar la voluntad de los gobiernos y los convencieron de que la publicidad de estos temas no era deseable. Una y otra vez hemos visto acuerdos comerciales sobre una tema “x” en cuyo contenido se esconde ese maximalismo proteccionista, tal es el caso del Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA) que abordaba temas que no tenían que ver con la falsificación o el Acuerdo Comercial Transpacífico (TPP, discutido en la última edición de Foreign Affairs Latinoamérica) actualmente negociado por México y que no se trata únicamente de libre comercio sino que sus efectos podrían ser devastadores en muchos rubros.

Una característica común de estos tratados son las negociaciones secretas, los “cuartos de atrás”, la simulación de escuchar a todos los interesados y la opacidad de la forma en que se toman las decisiones al respecto. Con este panorama que implica, por un lado un organismo internacional desvalijado y por el otro una creciente tentación por incluir un solo modelo de propiedad intelectual basado en el siglo XX en acuerdos comerciales de otra naturaleza, ¿Cómo poder pensar en la nueva generación?

La nueva generación se debate entre quienes creen que los derechos de propiedad intelectual, particularmente el copyright, deben ser abolidos por completo; quienes consideran que se debe encontrar un balance y luchan por un cambio gradual; o quienes creen, y estos son pocos, que se debe reforzar y endurecer el sistema actual. Cualquiera de las tres vertientes parte, a diferencia de las generaciones precedentes, de que existe Internet, de que se comparten cosas y que hay que vivir con ello, ese cambio sustancial ha llevado a promover distintas soluciones a un problema creado.

Una de estas soluciones han sido las licencias de contenido digitales, que dan ciertos permisos por adelantado para compartir, volver a usar, citar e incluso generar obras derivadas de tu obra; el caso más famoso y que con los años se ha convertido en el estándar es Creative Commons; otros acercamientos de ésta naturaleza son ampliamente abordados en el famoso libro Free Culture de Lessig. Del otro lado, en las últimas 2 décadas se han propuesto la DMCA (Digital Millenium Copyright Act) y los candados digitales para ciertos contenidos como música o software.

En los ámbitos de la sociedad civil y la academia, quizá el mejor aporte de la nueva generación sea haber roto el techo de concreto que los excluía -en alguna medida todavía son marginados- de una conversación que sólo aceptaba la visión de Hollywood et al. Así estudios como Media Piracy in Emerging Economies o The Sky is Rising han venido a desmontar con cifras y rigor el moralizado discurso a favor de la protección draconiana como el único camino; en The Knock Off Economy , Kal Raustiala y Christopher Sprigman usan como ejemplo las industrias de la moda, la comida y el americano para sostener un argumento que en el mundo de la Propiedad Intelectual resulta provocador: el monopolio exclusivo no siempre viene acompañado de innovación, en estas industrias donde la copia es la regla la innovación lejos de acabar, florece.  Otro buen ejemplo, la serie Everything is a Remix que ha tratado de transformar la narrativa al contar el otro lado de la moneda:

Everything is a Remix Part 4 from Kirby Ferguson on Vimeo.

En diciembre del año pasado, durante el Congreso Global sobre Propiedad Intelectual e Interés Público, activistas, académicos, investigadores y hackers de todo el mundo discutimos las nuevas fronteras de la PI en el acceso a medicinas, la educación, la libertad de expresión y la protección a la cultura; el congreso dio cuenta de la actividad vibrante d ela sociedad en el tema. Me ha tocado constatar a esa nueva generación, durante el año pasado trabajamos en ARTICLE 19 en la elaboración de unos principios que tratan de establecer un piso común para el balance entre el copyright y la libertad de expresión, estos principios fueron un trabajo colaborativo con gente interesada de todo el mundo, una grata experiencia. Aquí se los comparto recién traducidos al español:

13 04 23 Right to Share SP by Antonio Martinez Velazquez

En conclusión, la nueva generación con la que quiere conectarse la OMPI, ya se conectó en otro lado para tratar de combatir al nuevo modelo tras bambalinas de la PI; valdría la pena pensar en si vale la pena que siga existiendo una arena de discusión en la que nadie discute.

 

Borrar la discriminación

El año pasado en Francia, la compañía estadounidense Twitter fue demandada por la Unión Europea de Estudiantes Judíos, por desatender la petición de este grupo de censurar los mensajes anti semitas en la red social. La vicepresidenta de la Unión, Elie Petit, decidió irse a los tribunales y ganó, la Corte francesa obligó a Twitter a censurar el contenido antisemita en Francia. Twitter nunca reveló los nombres de quienes profirieron los mensajes pese a ser una petición de la misma Corte.

Hace un par de años la compañía fundada por Jack Dorsey cambió sus estándares de libertad de expresión y censura para focalizarlos; esto es, a petición de parte pueden bloquear cierto contenido en una región geográfica específica pero éste sigue siendo visible para el resto del mundo. En el caso francés los franceses no veían los tuits antisemitas sino un aviso diciendo que ese mensaje estaba censurado, una explicación de las razones y la petición de censura en la herramienta de transparencia de Twitter chillingeffects.org -> http://www.chillingeffects.org/twitter

Dick Costolo, el CEO dela compañía ha dicho que Twitter es “el ala de la libertad de expresión en el partido de la libertad de expresión”, un ideal difícil de alcanzar teniendo en cuenta los intereses a los que se enfrenta la compañía de entes públicos y privados que la hacen réferi en el aribitrio de Derechos fundamentales como la libertad de expresión. La estrategia de Twitter de focalizar la censura y ser transparentes parece un ganar-ganar, solución inteligente de un privado para cumplir con leyes locales al mismo tiempo que erigirse en paladines de la libertad.

Cada año, Google, lanza su reporte anual de transparencia donde podemos obtener información sobre quién les solicita censurar contenido y por qué razones; al mismo tiempo la compañía explica qué hizo en cada caso particular. De acuerdo al último reporte, por lo menos el 30% de lo censurado se ha debido a resoluciones judiciales en casos de difamación, vale la pena notar que los contenidos de discurso de odio ocupan menos del  5% y que no han sido instancias jurisdiccionales las que obligan a la compañía a “bajar” el contenido, el contenido de bullying no alcanza el 1%. En el caso de México, desde junio de 2012 se han recibido únicamente dos casos para remover contenido con críticas al gobierno y difamación, la compañía resolvió no quitar el contenido de la red.

El aparente conflicto de la Libertad de Expresión con Internet no es nuevo en la esfera pública, en el año 2011 cuatro relatores especiales en temas de libertad de expresión (OEA, ONU, OSCE  y CADHP), emitieron la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet, en ella establecen principios que podrían ser fácilmente atendibles por empresas y Estados, entre otros:

a.       La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la prueba “tripartita”).

b.       Al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses.

c.       Los enfoques de reglamentación desarrollados para otros medios de comunicación —como telefonía o radio y televisión— no pueden transferirse sin más a Internet, sino que deben ser diseñados específicamente para este medio, atendiendo a sus particularidades.

d.       Para responder a contenidos ilícitos, debe asignarse una mayor relevancia al desarrollo de enfoques alternativos y específicos que se adapten a las características singulares de Internet, y que a la vez reconozcan que no deben establecerse restricciones especiales al contenido de los materiales que se difunden a través de Internet.

e.       La autorregulación puede ser una herramienta efectiva para abordar las expresiones injuriosas y, por lo tanto, debe ser promovida.

Hay instituciones públicas cuya obligación sería leer estos instrumentos para comprender los problemas que enfrentan al momento de pensar en el combo: libertad de expresión-internet-discriminación/odio/homofobia/machismo etc. El inciso e) parece contundente: autorregulación. Precisamente es algo que COPRED parece no entender.

Explico, el Consejo para eliminar y prevenir la discriminación en el DF (COPRED) anunció el lanzamiento de un estudio de discriminación en las redes sociales (puede consultarlo aquí), este estudio con ausente nota metodológica y de costo, indica que todos los días, durante el monitoreo, encontraron por lo menos un mensaje discriminatorio proveniente del área metropolitana. La herramienta que usaron fue Radian 6, la licencia cuesta más de 600 dólares por mes y de acuerdo a los críticos no necesariamente es útil para todas las labores de monitoreo de red o sentimientos en los servicios web, me pregunto  ¿cuánto le costó al COPRED? ¿Cuánto va a costar por año el monitoreo y de qué parte de su partida presupuestal es erogado?

El argumento del COPRED parece descansar en esconder la discriminación: si se borra de la red habrá desaparecido de la ciudad, parecen decir. ¿Han medido los efectos de los hashtags supuestamente discriminatorios? ¿Han establecido vínculos entre esos hashtags y acciones violentas contra individuos específicos? ¿Algún individuo ha sido impedido de ejercer derechos por estos mensajes? Intuyo que la respuesta es NO a todo.

De nuevo, la autorregulación, en un espacio como tuiter, el agredido se encuentra en la misma posición que quien profiere el mensaje, es decir puede contestar y ejercer su derecho en la misma medida que el otro. Por otro lado si el COPRED quiere ser activo, que promueva hashtags “positivos” o que haga moderación activa, pronto se dará cuenta que en la mayoría de los casos son bots.  El dinero invertido en monitorear tuits bien podría ir a campañas de sensibilización y manuales de mejores prácticas en la red, censurar no es la opción, ni siquiera si uno enarbola la noble causa antidiscriminatoria.

La directora del organismo ha dicho que trabaja en convenios con Twitter y Google para solicitar que se bajen contenidos que ellos (¿serán la atalaya moral?) consideren discriminatorios. Se van a topar con compañías que en la mayoría de los casos son menos conservadores en el tema, además compartirán créditos con los gobiernos más autoritarios y las compañías depredadoras de contenido en la red, bien por COPRED. La apuesta además es técnicamente muy tonta, si tuiter focaliza la censura en el área metropolitana, los contenidos se seguirán viendo en todo el país. En todo caso las compañías decidirán sobre las peticiones, pero ¿no vale la pena invertir el dinero público en políticas públicas efectivas? ¿Cursos de capacitación, eventos pro diversidad, discusión sobre temas de discriminación, campañas de comunicación? Nada, aparentemente es más fácil llenar un formato de censura que diseñar una política pública acertada.

COPRED elige uno de los peores caminos posibles: borrar la discriminación tuit a tuit. Comparto con ellos, sin embargo, el ideal de un mundo donde nadie discrimine, a diferencia de COPRED pienso que es mejor discutir los por qués de la discriminación, poner en el debate público los temas más incómodos, llevar al terreno de lo público las ideas más chocantes y así imaginar soluciones, y no intentar borrar lo que piensan otros.

Señorío Tlaxcalteca

Tlaxcala pasó de ser casi invisible en los casos de violencia contra la prensa a ser, según nuestro reporte trimestral, uno de los estados donde se registraron más amenazas en contra de periodistas así como el uso de las leyes penales en su contra. Algo evidentemente no está bien, este año Tlaxcala tendrá elecciones locales y parece que el gobierno está dispuesto a todo para controlar a la prensa, sin embargo es difícil pensar en una democracia sin prensa libre. Junto con otros 12 estados de la República, Tlaxcala mantiene los delitos contra el honor (difamación, calumnia y/o injuria) oponiéndose a las recomendaciones internacionales que señalan la necesidad de su eliminación.

Diversos organismos internacionales al igual que ARTICLE 19 han evidenciado la necesidad de eliminar los delitos contra el honor y hacer adecuaciones a las leyes civiles que permitan la protección del derecho al honor sin que sirvan para inhibir el ejercicio del derecho de libertad de expresión. Las expresiones supuestamente difamatorias que llevaron a Martín Ruiz a la cárcel, son parte del discurso considerado protegido por el derecho internacional y que su limitación sólo puede darse al superar la llamada prueba tripartita (estar en ley; ajustarse a fines legítimos del derecho internacional y tener una sanción necesaria y proporcional en un Estado democrático). Aquí las reproducimos, con rojo las expresiones que motivaron el juicio:

 

 

Mario Armando Mendoza, ¿el michoacanazo de González a la Segob?

15 junio, 2011.

 

Es una cadena de acciones auto mutilantes, emprendida por el gobernador de Tlaxcala, a quien no satisfacen los tricolores locales; entonces debe recurrir a foráneos, como Mario Armando, listo para ser nombrado Secretario de Gobierno.

Pues parece que no hay priístas tlaxcaltecas que satisfagan la expectativa del gobernador Mariano González Zarur. Hoy por ejemplo, prefiere estrechar al alcalde panista de Apizaco, Orlando Santacruz, orticista de hueso colorado.

Hoy, su subordinado predilecto (le reserva elocuentes muestras afectivas, a la vista de todo el gabinete) es el secretario panista de la Función Pública, Hugo René Temoltzin, y todo apunta a que el michoacano, subsecretario técnico de la Segob, Mario Armando Mendoza Guzmán, tenga la mira puesta en la propia Secretaría de Gobierno, para justificar el desbordado y repentino aprecio que le demuestra el mandamás de Tlaxcala.

Ya hizo maletas

Y Mendoza Guzmán, limpió su expediente como para prepararse para lo que viene… dejó a Aníbal Méndez Cuevas, en la delegación especial estatal de la CNOP en su natal Michoacán y, se vino pacá con todo y chivas. Jaló hasta con el reconocimiento (de hule) de maestro en la licenciatura en ciencias políticas otorgado por la reconocida (¿?) Universidad Novo Spania.

Mario Armando como secretario de Gobierno, el secretario xoloescuintle más firme que nunca, y el de los zapes, con todo y su pasión por la administrativa del Hospital Infantil (sobrina del amo y encargada de desmantelar la cosa esa del HIT tan cara, donde en breve habremos de tener un centrito médico) arman el equipo completo que pretende lograr lo impensable: domar al amo.

Bueno, bien que lo manipulan. Seamos sinceros, de dónde el de los zapes se animó a jugar el dedo en la boca de su patrón con aquello de la deuda oculta. Imagine el escenario: estos tres manejando el presupuesto y también auditando su uso. Ah, y también, encargados de la política interna de Tlaxcala.

¿Y para eso Mariano fue electo gobernador?

Cinco meses demoraron estos tres en conseguir su propio mapa de Tlaxcala. Claro, con el beneplácito –o la ignorancia- de su jefe, quien bien que les sirve como avanzada de terror.

Tras el miedo sembrado por los regaños y los descontones del hacendado gobernador, viene el real y efectivo (para su causa) ejercicio del poder, mediante una tenebra actualizada, en la que nombres de la talla de Noé Rodríguez, Ubaldo Velasco y hasta Carlos Rojas, quedaron cortos… pues son unos viejecitos maniatados y sometidos, mientras aquellos se han encargado, con esmero, de hacer miserable al estado.

¿y Anabel Ávalos?

Hay elementos muy convincentes que corroboran la ingratitud de Mariano González, hacia una mujer que no dudaría en modificar sus actividades por enésima vez, como acto de disciplina a la voluntad del líder.

Anotados sus tributos en la predecible agenda marianista, parece haber transcurrido el tiempo suficiente para saldar la labor multiplicadora de votos a favor de quien, rendida la protesta de ley, desconoció dicho logro electoral de equipo y colgó el milagro a sus atributos personales, a riesgo de trabar un inacabable pleito con su longevidad.

No dudo que lo deje, en calidad de amputado. Hay patologías de la conducta cuya cura es quedar sin un brazo o sin una pierna. Este es un ejemplo.

¿Dirigir al PRI?

Siendo el ex diputado local Aristeo Calva, el candidato marianista a la dirigencia tricolor, sólo un loco le podría servir de mancuerna. A su dantesca obra en el quehacer tricolor que se manifiesta con el desprecio de jóvenes, mujeres, clases populares y demás militantes, le urge una muleta para no caer al precipicio, adonde van a dar los políticos de su raigambre.

Nada podrá hacer ante un bravísimo profesor y licenciado (je), Fermín Sánchez Varela, candidato de Beatriz Paredes Rangel, para tomar por asalto al partido de Lira y Ortega 8. Véase la pulcritud de la tizatleca para armar la más molesta dirigencia tricolor al marianismo de la misoginia a flor de piel.

Brincos diera el señor Aristeo Calva, por contar con una mano salvadora –como la de Anabel- que le permitiese conservar al PRI para los intereses del amo. En otras palabras, nos encontramos ante la enésima derrota del hacendado, esta vez, la adelantada y penosa pérdida del partido que lo hizo gobernador.

¿Automutilación?

De qué otra manera se explica usted el prescindir de piezas tan valiosas para su causa. Decíamos que es la predecible conducta de un individuo lleno de rabia, cuya sangre en los ojos le impide ver el porvenir de quien de manera leal le sirvió por decenios.

Estrangulada en su trinchera, en todos los ámbitos, la Ávalos deberá escoger entre justificar su inacción debido al ahorcamiento permitido por su jefe y ejecutado por el de los zapes (en contubernio el que está a punto de dar el michoacanazo en Tlaxcala) y, la carga histórica por ser la responsable de la política interna del estado.

Mas no se puede dar la batalla ante un poderoso enemigo al no existir el mínimo pertrecho.

Así que el señor manchis está cortando su brazo derecho

Ya lo había hecho con el izquierdo, encarnado en la leal Blanca Águila Lima, quien hizo de tripas corazón cuando el amo desconoció su compromiso de otorgarle la Secretaría de Salud para Daliel Romero, blanco hoy de los tiradores a sueldo que aseguran el desmantelamiento del Hospital Infantil de Tlaxcala, bajo la creencia que los trasplantistas deben ganar lo mismo que los parteros.

Sin embargo no contaba con el frente encabezado por Joel Ayala, para acordar en lo más alto del priísmo la candidatura a la que Blanca no ha de renunciar (al senado o a diputada federal por el tercer distrito) pese a las fiestas, como que insanas, a la figura de Noé Rodríguez, la referencia constante de Enrique Peña Nieto, quien es la verdadera inspiración marianista.

De las plazas vergonzosas en el Cobat

Desde este lunes, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) giró los oficios a la institución, donde comunica su fallo respecto a las plazas, conseguidas con chanchuyo para la ex oficial mayor del Gobierno, Teresa Salas, el ex sub procurador Arturo Rojas (suegro de Justo Lozano); Angélica Chávez, Rosa Amparo, Victoria Ortega, Juan Manuel Lemus (el millonetas que sigue cobrando rentas al gobierno) y Esther Tovar.

La autoridad encontró una clara violación a la Ley en este proceso amañado de basificación. De suerte que en lo sucesivo dichas personas son consideradas empleados de confianza.

Y como tales tendrán que acatar la decisión de las autoridades pues sencillamente pertenecen a equipos ajenos de la institución donde se limpia el terreno para la llegada de Maricarmen Ramírez de Sánchez Anaya, como directora general. El lapso convenido es un año. Ya van cinco meses y los cambios son notorios.

Lo curioso del asunto es que el líder del personal administrativo Enrique Portillo anda más que molesto por tal decisión de las autoridades, siendo que el que debería de estar preocupado es el dirigente del sindicato de docentes Eleazar González.

Este será, sin lugar a dudas, un golpe más a los orticistas.

¿Convenció Mariano a Anabel para dirigir al PRI?… no, ¡fue Beatriz!

15 julio, 2011.

Para aquellos que creían al PRI condenado a la confrontación marianista, hoy pueden ver las nuevas reglas del tricolor hacia el, ¿primer priísta del estado?… en el gabinete dominan sus marianismos, pero en el partido la que manda se llama Beatriz Paredes.

¿Revivió Anabel Ávalos Zempoalteca, la relación política con su ex patrón el gobernador Mariano González Zarur, aceptando la secretaría general del PRI?

Es la pregunta del momento.

Se supone que la ex secretaria de Gobierno, renunció al marianismo y no solo al puesto ejercido casi en calidad de utilería, estrangulada por el secretario de Finanzas, Ricardo García Portilla, el verdadero responsable de la ingobernabilidad en Tlaxcala, al cortar todo suministro económico a dicha instancia, hasta que Anabel tronó y decidió romper con Mariano.

Hoy la vemos a lado de Arnulfo Arévalo Lara, asumiendo la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como parte de una maniobra con varias señales:

1.- El rompimiento de Ávalos con Mariano, llevaría a la primera a buscar cobijo con su gran amiga y mentora, Beatriz Paredes Rangel, a quien aquella separación permitió asegurar el manejo de su partido en Tlaxcala, mediante un esquema muy parecido al conformado por Ubaldo Velasco –una especie de patiño en la presidencia- y Blanca Águila Lima, la secretaria general que ejercía el verdadero poder en el PRI.

2.- Algo tienen en común personajes  de la talla de Arnulfo Arévalo y Ubaldo Velasco: la mediocridad; pero ahí donde usted los ve, son piezas fundamentales para abrir el camino a las mujeres en este sistema anti género, encabezado por el macho-manchis, el misógino mayor.

3.- Originalmente, el macho-manchis quería a su subordinada, a su incondicional, a su esclava Anabel, haciendo proselitismo interno en el partido para doblegar al espantoso beatricista, Fermín Sánchez Varela –otro sujeto con extraordinario parecido a Arévalo y Ubaldo, nada más que con una expresión permanente de pitbull, dispuesto a morder si no le daban hueso- mas no contaba con la acción del cuenta chiles, el secretario de los zapes, y su labor desgastante ejercida junto con otros dos funcionarios de, “lujo”, el secretario xoloescuintle (Temoltzin) y el subsecretario técnico (el remedo del Che).

En las manos de ese trío tronó el plan del señor manchis para recuperar al PRI.

Al paso de las semanas, se hizo realidad la dupla a la que veía factible para dirigir al partido; con una ligera variante: ya no controla a Anabel.

La mano de Beatriz en esta farsa puede verse con la dimisión ordenada a Fermín, quien dejó de mostrar a Mariano los chicos colmillotes de perro embravecido y, ahí lo tiene usted, de paje (o maje) durante el registro de la planilla única, ante una mesa receptora, como dicen los chavos: de güeva…

Y el engaño –raro en Beatriz- consiste en vendernos la idea de que Anabel volvió a ser sumisa con Mariano. Algunos lo creen. Otros, mejor informados, profundizan (aunque aquí entre nos, las solemnidades del PRI son como una infección intestinal para las nuevas generaciones de políticos).

Para Anabel (Beatriz) no vale la pena el desgaste de un proceso interno en el partido. Así que nuevas reglas son vigentes entre partido y gobernador:

1.- Mariano hace y deshace el gabinete. Comete el exceso de cerrar las puertas a los priístas (sobre todo a los beatricistas) y hasta se da el lujo de consentir las burradas del secretario de los zapes… mírelo devolviendo 46 millones de pesos a la Federación, porque la recaudación fue menor (se acuerda de las tremendas filas en Finanzas); coloca a gente sin perfil en instancias como Copladet y SSP, y nadie en el partido tiene voz para reclamarlo.

2.- Ah, pero en el partido las cosas se cuecen de un modo muy distinto a supuesto por el macho manchis. Por eso llega Anabel. Para ejecutar las indicaciones de Beatriz en materia de candidaturas, y a lo mejor para aspirar a una de ellas, tal vez como diputada federal por el segundo distrito, aunque eso estaría por verse, porque en realidad, el proyecto de Ávalos es contender por la alcaldía de Tlaxcala.

Podría concluir en que a más de treinta años de competir, Mariano es incapaz de superar a Beatriz, en el arte de hacer grilla.

Puede usted notarlo. La ex lideresa nacional del tricolor, mueve piezas, aprovecha los errores de su oponente y le asesta tal clase de cachetadas que, a aquél no le queda otra que asumirse en una de las máximas de la tizatleca: “eres tan pen… tan pen… que ni siquiera te das cuenta de los pen… que eres”. Esa, señores es la filosofía de la Paredes.

En cambio, su oponente se anda peleando con todos. Bueno ya imagino las broncas con él mismo cada que se levanta y se ve al espejo… de ahí vienen los temblores (jeje).

Una de notarios

Obligados a realizar gestiones de manera extraordinaria, los notarios orticistas consiguieron del gobierno estatal los negados libros de registro para poder ejercer su papel de fedatarios. Lo cual desencadenó la ira del amo manchis, quien ahora ordenó aplicar multas hasta de un millón de pesos a los notarios que lleguen a incurrir en el mínimo error.

Comprobar su impotencia ante aquella maniobra de su antecesor, no significa enemistad o alejamiento del dinero, abundante cuando haya lugar.

De alguna manera tenía que reponer los 46 millones de pesos vergonzosamente regresados a la Federación, debido a la política de su secretario de Finanzas, Ricardo García Portilla.

¿Revivió Anabel Ávalos Zempoalteca, la relación política con su ex patrón el gobernador Mariano González Zarur, aceptando la secretaría general del PRI?

Es la pregunta del momento.

Se supone que la ex secretaria de Gobierno, renunció al marianismo y no solo al puesto ejercido casi en calidad de utilería, estrangulada por el secretario de Finanzas, Ricardo García Portilla, el verdadero responsable de la ingobernabilidad en Tlaxcala, al cortar todo suministro económico a dicha instancia, hasta que Anabel tronó y decidió romper con Mariano.

Hoy la vemos a lado de Arnulfo Arévalo Lara, asumiendo la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como parte de una maniobra con varias señales:

1.- El rompimiento de Ávalos con Mariano, llevaría a la primera a buscar cobijo con su gran amiga y mentora, Beatriz Paredes Rangel, a quien aquella separación permitió asegurar el manejo de su partido en Tlaxcala, mediante un esquema muy parecido al conformado por Ubaldo Velasco –una especie de patiño en la presidencia- y Blanca Águila Lima, la secretaria general que ejercía el verdadero poder en el PRI.

2.- Algo tienen en común personajes  de la talla de Arnulfo Arévalo y Ubaldo Velasco: la mediocridad; pero ahí donde usted los ve, son piezas fundamentales para abrir el camino a las mujeres en este sistema anti género, encabezado por el macho-manchis, el misógino mayor.

3.- Originalmente, el macho-manchis quería a su subordinada, a su incondicional, a su esclava Anabel, haciendo proselitismo interno en el partido para doblegar al espantoso beatricista, Fermín Sánchez Varela –otro sujeto con extraordinario parecido a Arévalo y Ubaldo, nada más que con una expresión permanente de pitbull, dispuesto a morder si no le daban hueso- mas no contaba con la acción del cuenta chiles, el secretario de los zapes, y su labor desgastante ejercida junto con otros dos funcionarios de, “lujo”, el secretario xoloescuintle (Temoltzin) y el subsecretario técnico (el remedo del Che).

En las manos de ese trío tronó el plan del señor manchis para recuperar al PRI.

Al paso de las semanas, se hizo realidad la dupla a la que veía factible para dirigir al partido; con una ligera variante: ya no controla a Anabel.

La mano de Beatriz en esta farsa puede verse con la dimisión ordenada a Fermín, quien dejó de mostrar a Mariano los chicos colmillotes de perro embravecido y, ahí lo tiene usted, de paje (o maje) durante el registro de la planilla única, ante una mesa receptora, como dicen los chavos: de güeva…

Y el engaño –raro en Beatriz- consiste en vendernos la idea de que Anabel volvió a ser sumisa con Mariano. Algunos lo creen. Otros, mejor informados, profundizan (aunque aquí entre nos, las solemnidades del PRI son como una infección intestinal para las nuevas generaciones de políticos).

Para Anabel (Beatriz) no vale la pena el desgaste de un proceso interno en el partido. Así que nuevas reglas son vigentes entre partido y gobernador:

1.- Mariano hace y deshace el gabinete. Comete el exceso de cerrar las puertas a los priístas (sobre todo a los beatricistas) y hasta se da el lujo de consentir las burradas del secretario de los zapes… mírelo devolviendo 46 millones de pesos a la Federación, porque la recaudación fue menor (se acuerda de las tremendas filas en Finanzas); coloca a gente sin perfil en instancias como Copladet y SSP, y nadie en el partido tiene voz para reclamarlo.

2.- Ah, pero en el partido las cosas se cuecen de un modo muy distinto a supuesto por el macho manchis. Por eso llega Anabel. Para ejecutar las indicaciones de Beatriz en materia de candidaturas, y a lo mejor para aspirar a una de ellas, tal vez como diputada federal por el segundo distrito, aunque eso estaría por verse, porque en realidad, el proyecto de Ávalos es contender por la alcaldía de Tlaxcala.

Podría concluir en que a más de treinta años de competir, Mariano es incapaz de superar a Beatriz, en el arte de hacer grilla.

Puede usted notarlo. La ex lideresa nacional del tricolor, mueve piezas, aprovecha los errores de su oponente y le asesta tal clase de cachetadas que, a aquél no le queda otra que asumirse en una de las máximas de la tizatleca: “eres tan pen… tan pen… que ni siquiera te das cuenta de los pen… que eres”. Esa, señores es la filosofía de la Paredes.

En cambio, su oponente se anda peleando con todos. Bueno ya imagino las broncas con él mismo cada que se levanta y se ve al espejo… de ahí vienen los temblores (jeje).

Una de notarios

Obligados a realizar gestiones de manera extraordinaria, los notarios orticistas consiguieron del gobierno estatal los negados libros de registro para poder ejercer su papel de fedatarios. Lo cual desencadenó la ira del amo manchis, quien ahora ordenó aplicar multas hasta de un millón de pesos a los notarios que lleguen a incurrir en el mínimo error.

Comprobar su impotencia ante aquella maniobra de su antecesor, no significa enemistad o alejamiento del dinero, abundante cuando haya lugar.

De alguna manera tenía que reponer los 46 millones de pesos vergonzosamente regresados a la Federación, debido a la política de su secretario de Finanzas, Ricardo García Portilla.

Postura de ARTICLE19 en el caso Pirate Bay en la CEDH

El pasado miércoles 13 de marzo, la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH),  rechazó la queja de los  co-fundadores de ‘The Pirate Bay’ (‘TPB’) en contra de su condena penal por “facilitar” la infracción de derechos de autor. ARTICLE 19 expresa su preocupación por la aparente renuencia de la Corte para convertirse en el próximo campo de batalla para la promoción del derecho a la libertad de expresión frente a los reclamos de derechos de autor.

Fedrik Neij Kolmisoppi y Peter Sunde son los co-fundadores de TPB, sitio web de intercambio de archivos. En 2009, fueron declarados culpables de complicidad para cometer delitos en violación de la Ley de Propiedad Intelectual sueca. Ellos fueron condenados finalmente por el Tribunal de Apelación de Suecia a diez y ocho meses de prisión, respectivamente, y fueron declarados conjuntamente responsables de aproximadamente 5 millones de euros en daños. El Tribunal Supremo de Suecia denegó la autorización para apelar en febrero de 2012.

En su denuncia a Estrasburgo, Neij y Kolmisoppi argumentaron que su condena violaba su derecho a la libertad de expresión. Alegaron, además, que no podían ser responsables de lo que otras personas hicieron al usar TPB, que originalmente se creó simplemente para facilitar el intercambio de archivos en Internet.

Si bien la Corte reconoció que las acciones de los demandantes se beneficiaron de la protección del derecho de libertad de expresión en virtud del artículo 10 de la Convención Europea, también encontró que las sanciones penales por infracción de derechos de autor comercial fueron proporcionadas.

La clave para el razonamiento de la Corte fue el hecho de que los solicitantes son dueños de una  empresa comercial y no se tomó ninguna medida para eliminar los archivos en cuestión de la página web, a pesar de ser instado a hacerlo.

La CEDH declaró inadmisible la demanda, cerrando la puerta a futuras acciones legales por parte de los solicitantes.

A pesar de que la decisión era de esperarse dado el enfoque generalmente conservador de muchos tribunales en los casos de intercambio de archivos, ARTICLE 19, no obstante, considera que la decisión es decepcionante por las siguientes razones:

  1. La Corte consideró que el material distribuido en el sitio merece una menor protección de las garantías de libertad de expresión, ya que no era de naturaleza política. Si bien esto está en línea con el enfoque establecido por la Corte, se pasa por alto que el derecho a la libertad de expresión no es sólo cuestión de discurso político. En particular, el artículo 19 considera que la Corte debería haber dado más peso al papel que desempeñan los servicios de intercambio de archivos en el fomento del acceso a la cultura.
  2. ARTICLE 19 considera decepcionante que la CEDH haya otorgado una mayor discrecionalidad para imponer restricciones en casos de derechos de autor que en relación con otras formas o áreas de expresión artística y literaria.
  3. ARTICLE 19 también le preocupa que la Corte falló en contra de los demandantes sobre la base de que ellos no tomaron ninguna medida para acabar con los archivos en cuestión pese a ser instados a hacerlo. Esto tiene como consecuencia el peligro de que los intermediarios sean obligados a actuar como censores “privados” de los contenidos publicados en Internet por otros. Entre otras cosas, la CEDH ignoró la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet, en el que cuatro relatores especiales de libertad de expresión recomendaron que nadie debe ser responsable por el contenido producido por otros cuando prestan servicios de búsqueda y acceso a la información. Desde el punto de vista de ARTICLE 19, este principio de inmunidad a los intermediarios de la responsabilidad por el contenido de terceros, es fundamental para que el Internet siga siendo una plataforma para el intercambio libre de información e ideas.

ARTICLE 19 señala además que este caso se refiere a la infracción de copyright comercial, un factor muy importante en la decisión de la Corte. Por lo tanto, queda por ver si la Corte tomará un enfoque diferente en los casos de infracción de derechos de autor no comercial.

La decisión de inadmisibilidad de la CEDH en el caso Fredrik Neij y Peter Sunde Kolmisoppi vs Suecia está disponible aquí.

Texto original en la página internacional de ARTICLE19

Documental sobre The Pirate Bay:

 

Internet para todos

En el año 2009 el estudiante de doctorado turco, Ahmet Yildirim, se quejó de haber sufrido censura colateral cuando sus sitios web alojados en  Google Sites fueron “bajados” repentinamente de la red a causa de una decisión gubernamental: poner fuera de línea aquellas páginas que ofendieran al presidente de Turquía. No era la primera vez que sucedía en aquel país, entre marzo de 2007 y octubre de 2010 Youtube estuvo fuera de línea por orden del gobierno pues se considera un crimen ofender a Mustafa Kemal Atatürk. Al resolver el caso de Yildirim la Corte Europea de Derechos Humanos resolvió que cualquier restricción al contenido sin que estuviera apegada al estricto orden legal constituía una violación a los derechos fundamentales, la resolución de diciembre de 2012 es la primera de una corte internacional que refuerza que el acceso a Internet es un derecho fundamental y que su restricción debe ser la excepción y no la regla.

En el verano de 2004 el gobierno de Kim Jong Il en Corea del Norte decidió bloquear los teléfonos móviles, en aquel año Corea del Sur era la puerta de entrada a la red 3G, sin embargo el gobierno del dictador consideró un peligro que las personas usaran un celular, años más tarde tras su muerte -y en pleno periodo de transición-, el fenómeno volvió a repetirse, los usuarios de móviles se veían como criminales de guerra. En el colmo del cinismo, cuando en el año 2007 Corea del Sur prohibió contenidos de algunas páginas norcoreanas, éstos les llamaron a sus vecinos sureños fascistas.

En septiembre de 2008 BitTorrent demandó al ISP Comcast en EUA al descubrir que el proveedor de servicios de Internet deliberadamente bloqueaba el tráfico del servicio para compartir archivos torrent. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) se decantó a favor de la neutralidad de la red y en 2010 en un tribunal de apelaciones se decidió que la práctica del ISP era contraria a la ley.

Entre el 2007 y 2012 vimos en la escena pública mundial arduas batallas para defender Internet “como lo conocemos”, el Acuerdo Comercial Anti Falsificación ACTA, la persecución a Pirate Bay, la batalla local con consecuencias globales que fue la resistencia contra SOPA y PIPA dan cuenta de la actividad reiterada a favor de las posibilidades que brinda la red. Los poderes públicos tienen en éstas batallas un papel fundamental, mientras el gobierno de Obama promueve ACTA y más recientemente el TPP, el parlamento europeo, gracias al trabajo de la sociedad civil, rechazó ACTA y en Brasil desde el 2009 con apoyo del gobierno, la sociedad civil mantiene una conversación pública en la construcción del Marco Civil de Internet.

La historia parece demasiado pública para tratarse de una red privada, probablemente sea efecto mismo de la red: lo público es más público y lo privado cada vez es menos. En el libro Consent of the Networked, Rebeca MacKinnon hace con cierto éxito una radiografía de una batalla épica entre gobiernos, empresas y sociedad civil para tratar de controlar la red, detrás de ello, y quizá lo más valioso del libro es ejemplificar lo que ya sabemos: Internet no es una cosa, es un acuerdo. En palabras de Searls y Weinberger: “La Red no es ingeniería espacial. No es ni siquiera ciencia de sexto grado. Podemos poner fin a la tragedia del Síndrome del Error Repetitivo durante nuestras vidas y economizar unos cuantos billones de dólares en decisiones tontas, si solamente recordamos un hecho simple: la Red es un mundo de extremos. Usted está en un extremo; todo y todos los demás están en los otros extremos”.

Aunque parezca una obviedad Internet no es el teléfono o la televisión o la radio, a diferencia de los anteriores, en la red las personas conectadas pueden verse y ver los espacios que crean para converger (vale la pena leer al académico Mark Graham sobre las metáforas espaciales de la red), producen al mismo tiempo que consumen contenido, influyen en el mismo momento de ser influidos respecto de “x” o “y” tema, tres características básicas hacen a Internet único: nadie lo posee, todos pueden usarlo y cualquiera puede mejorarlo; éstas características lo hacen una plataforma como ninguna otra para ejercer derechos fundamentales como la expresión y el acceso a la información.

El debate en torno a Internet como un derecho humanos es largo y de amplio espectro, como si se tratara de un gran circo se ha desarrollado en varias pistas; no necesariamente conectadas entre sí. En la pista de la academia-divulgación me parece que se ha dado la parte más intensa, desde los primeros ensayos en la década de los 90 se han podido percibir dos corrientes más o menos nítidas, Neil Postman publicó en 1993 Technopoly: the surrender of culture to technology donde cuenta el horror de ser una sociedad moldeada por la tecnología, el hombre como esclavo de sus propios inventos y las consecuencias para la vida pública de ésto; dos años después Nicholas Negroponte publicó Being Digital donde proyecta con optimismo los cambios que tendría la vida del ser humano gracias a la tecnología, dice Negroponte que la era digital “no puede ser negada o ignorada …. Estamos hablando de un cambio cultural fundamental: Computing no es acerca de las computadoras, se trata de la vida, el ser digital no es sólo ser un geek o navegante de Internet o el niño matemáticamente inteligente, en realidad es una forma de vida y va a tener un impacto en absolutamente todo “.

Dos visiones que hasta hoy subsisten: los optimistas de la red y los pesimistas, en nuestros tiempos probablemente las peleas más divertidas entre representantes de ambos lados son las de Jeff Jarvis (optimista) y Evgeny Morozov (pesimista), pese a que existen acuerdos entre ambos bandos hay diferencias irreconciliables: donde unos ven participación otros ven polarización; unos encuentran personalización mientras del otro lado ven fragmentación; los optimistas viven en una villa global mientras los pesimistas habitan islas; unos aseguran que la red forma heterogeneidad a partir de la diversidad mientras los otros aseguran que se reducen estas brechas por lo que se tiende a una incómoda homogeneidad. Así podríamos seguir con cada rubro, hoy veo una generación más ecléctica que toma lo más razonable de ambos mundos para entender a la red, en este sentido Berin Szoka y Adam Marcus en The next digital decade: essays on the future of the internet  compilaron una serie de ensayos que tratan de trazar una ruta de discusión del debate sobre Internet en ésta década, en dicha compilación Adam Thierer replantea salvar a Internet de sus detractores pero también de los optimistas irredentos (el libro completo puede leerse aquí).

La siguiente pista es la de la política internacional, el debate no se circunscribe a un sólo documento aislado, por el contrario se trata de una rica discusión en el seno de varias organizaciones supranacionales, probablemente la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información Ginebra 2003-Túnez 2005 pone la base de una serie de compromisos, conceptos y  líneas de trabajo que se irían desarrollando con los años en los Estados. Más recientemente ha sido la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones la que ha puesto en jaque a Internet en su última Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales al excluir a la sociedad civil de la discusión. En éste mismo terreno el reporte del Relator Especial de la ONU para la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, abona a entender en dónde se encuentra Internet como plataforma para ejercer derechos fundamentales, más importante aún la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet firmada por el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP); brinda líneas específicas a los Estados para entender y regular la red, ésta declaración ha sido citada en un buen número de sentencias de Cortes internacionales teniendo un impacto claro en el momento de formar criterios y legislación. El punto 6-a. es claro al indicar:

Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres.

Si logramos entender lo que se dice, no se privilegia una tecnología sobre otra sino se reconocen las características de la red y con ello se concluye su importancia para el ejercicio de derechos que no un derecho en sí mismo.

Una pista no menos importante es la de la industria del entretenimiento, que ve en la red a un mitológico monstruo marino capaz de destruir todo, que ve en cada usuario de la red un criminal y un enemigo de sus intereses; cuya disposición para corromper a los poderes públicos es tal -y el dinero invertido es tanto- que la última ola de tratados internacionales en materia comercial y de propiedad intelectual, tienen como génesis a Hollywood.

El caso mexicano

El México de la última década no se entiende sin un contexto de violencia generalizado, unos medios de comunicación que no supieron aprovechar la apertura democrática convirtiéndose en caciques al servicio del gobierno, una ciudadanía cada vez más participativa pero con la brújula imantada perdida entre el ser y el deber ser; caso aparte merece lo que Carlos Bravo ha llamado “Calderonismo sociológico” implantado en las reacciones de la sociedad frente a lo público. Tampoco se entiende el país sin voltear a ver un crecimiento económico sostenido-aunque bajo- que ha permitido que más mexicanos tengan acceso a más bienes.

En éste país el acceso a Internet es necesario, a diferencia de EUA y Europa, México (como América Latina) vive una dicotomía interesante: al mismo tiempo que es construida la infraestructura para que las personas se conecten, se discuten en los congresos locales o federal leyes que impactan sobre lo que sucede en Internet. Lo anterior tiene implicaciones importantes en el uso y disfrute de derechos, el día que la mayoría de los mexicanos pueda tener acceso a la red ésta estará mocha y sobre regulada, aquí me pongo la camiseta de optimista y pienso que no podemos legar eso a las nuevas generaciones.

Esta dicotomía hace difícil el activismo a favor de Internet, existe un cierto desprecio por ver a la red como algo que “no nos merecemos”, exclusivo de cierto estrato social y con un raciclasismo implícito: la gente pobre no sabe usar Internet. Las políticas públicas tendientes a incrementar la infraestructura han tenido un claro fracaso, en el año 2006, 20 millones de mexicanos estaban conectados a Internet, seis años después la cifra se duplicó sin embargo no se puede omitir el hecho de que la meta para el año pasado era que 70 millones de mexicanos tuvieran acceso, no hay manera de sancionar a los gobiernos por el incumplimiento de las metas que ellos mismos se ponen.

De acuerdo al libro Bienestar y Consumo (PROFECO, 2012) de José Merino, en México uno de cada cien hogares en el 10% de menores ingresos tiene internet en casa, mientras que 60 de cada 100 en el 10% de mayores ingresos cuenta con este servicio, abunda el autor:

En el periodo analizado, el uso de internet es la clave en la relación entre el consumo y el bienestar, según la información disponible para los usuarios en las redes. En el 10% de menor ingreso, sólo uno de cada 100 tiene internet en casa y no accede a este servicio
fuera del hogar. Solo a partir del decil 2 los individuos acceden en la escuela o en algún otro lugar público. No tiene internet el 50% de los hogares de menor ingreso; sólo lo tienen algunos hogares de los deciles 5 y 6; y todos a partir de los deciles 7 al 10.

Es fundamental entender que México no se puede plantear llegar al año 2015 si tiene a más de la mitad de la población excluida de acceso a internet, sería como tener a la mitad de la población sin poder utilizar las carreteras.

Fuente: Bienestar y Consumo (PROFECO, 2012)
Fuente: Bienestar y Consumo (PROFECO, 2012)

Una realidad es que hay excluidos del acceso a Internet, lo que no sólo aumenta la brecha digital sino la de desigualdad, el Estado debe promover de manera activa el acceso universal a Internet, otros países lo han hecho con buenos resultados en su economía, hay que pensar no en lo que se invierte, sino en cuánto no estamos ganando.  Un estudio de la OCDE demuestra que hay una correlación positiva (0.6) entre el incremento de acceso a banda ancha y el crecimiento del PIB, si bien no es causal es un dato importante al considerar una inversión al respecto.

 México se encuentra en un momento en donde los servicios como la banda ancha deben ser una constante y no una excepción, es curioso que la crítica a que todo mundo tenga Internet se de… en Internet!, justamente eso que permite la red debe estar al alcance de todos, los gobiernos locales y federal se han tomado esta tarea como propia en los últimos años, la construcción de los Centros digitales Comunitarios de SEDESOL, la fracasada enciclomedia o los programas de cibercafés en varios estados de la república dan cuenta de ello. El siguiente nivel sería poner el acceso a la banda ancha en una cartera universal de servicios provistos por el Estado, como sucede en los países escandinavos (los medios insisten en repetir “en Finlandia Internet es un derecho humano”) con el fin de generar posibilidades de acceso a la educación, a la salud, al trabajo y al ejercicio pleno de la libertad de expresión y el acceso a la información.

¿Por qué otras tecnologías no cumplen con éste mismo propósito? porque mientras Internet genera visibles espacios comunitarios las otras son de uso exclusivo, una llamada telefónica comunica a dos personas, un intervención en radio o tv comunica a una persona con muchas personas, Internet comunica a muchas personas con muchas personas; esa naturaleza hacen a la red tan importante como el derecho de acceso a una vivienda o a la salud.

Un grupo de ciudadanos pensamos que aprovechando la infraestructura con la que cuenta el Estado, se puede hacer una red pública que de la posibilidad de acceso a todos los mexicanos, conoce la propuesta en http://internetparatodos.mx/ y únete.

El “nuevo” IMPI

Uno de los primeros nombramientos de la nueva administración en 2013  fue el de Miguel Ángel Margáin González como titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Magáin sustituyó a Rodrigo Roque quien fuera nombrado por el ex Secretario de Economía Bruno Ferrari en abril de 2011 al frente del organismo. Con Margáin suman 3 directores del IMPI desde que fue creado por decreto presidencial el 10 de diciembre de 1993, Jorge Amigo Castañeda ocupó la titularidad del instituto desde su creación hasta el año 2011.

Dos décadas después no podemos decir que la política pública en la materia de Propiedad Intelectual sea exitosa, para su diagnóstico, se ha identificado a la piratería como el principal enemigo y se han gastado tiempo y recursos públicos en privilegiar a una industria y criminalizar todo lo que escapa a ella, de manera infructuosa. La visión del Estado mexicano en el tema, estancada en el siglo XX, ni siquiera se puede calificar de exitosa tomando en cuenta sus propios indicadores, en los reportes de la OCDE México sale constantemente rezagado.

Después de lo incómodo (por decir lo menos) que resultó el tema del Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA) para el sexenio de Felipe Calderón, se podría pensar que la nueva administración lo tomaría en cuenta. El rechazo de ACTA no fue ni casual ni exclusivo de México, en Europa fue rechazado por el Parlamento de manera unánime y la Comisión Europea terminó por retirar su solicitud de revisión en el Tribunal de Justicia Europeo; es decir, existe una preocupación legítima de la comunidad internacional por la manera en la que se negocian éste tipo de acuerdos pero también por las implicaciones que tiene para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales.

El caso mexicano es particular, mientras en países como Brasil existen discusiones amplias y abiertas al respecto (ver Marco Civil), en nuestro país se privilegia el “derecho de picaporte” de la industria para proteger sus intereses pero también la relación de dependencia económica que mantiene México con Estados Unidos y que limita, en los hechos, la posibilidad de copiar modelos como brasileño o el chileno, así lo revelan los cables diplomáticos filtrados a través de wikileaks. La nueva administración parece ignorar que en el Senado mexicano se formó un grupo plural de trabajo donde sociedad, gobierno, industria y academia analizamos ACTA, las conclusiones, entre otras son claras:

b) En la hipótesis de convertirse en derecho vigente, algunas disposiciones del
proyecto de Acuerdo Comercial Anti-Falsificaciones resultarían contrarias a
disposiciones jurídicas del derecho nacional, entre ellas, garantías individuales
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se
vulnera el principio de presunción de inocencia que debe estar presente en todo
nuestro sistema jurídico, como ha quedado descrito en las consideraciones de
este documento.

c) La ambigüedad de algunas de las disposiciones del proyecto del Acuerdo
Comercial Anti-Falsificaciones resultaría contraria a la seguridad y certeza jurídica
de los habitantes del País.

El perfil de Margáin parece continuar la línea de sus predecesores e incluso podría ser más duro, es un típico caso de revolving doorsproveniente del litigio privado y de ser vocero de la American Chamber of Comerce, las primeras declaraciones del nuevo director del IMPI apuntan a dos direcciones: “romper el consumo de piratería” e insistir con la ratificación de ACTA.

brechadigital.org entrevista a Joe Karaganis from brecha.org on Vimeo.

En palabras de Margáin: ”No se puede seguir con una cuestión de ilegalidad, y además, la ilegalidad de la piratería es una ilegalidad aceptada; hay que romper con el círculo vicioso y hacerle ver a los consumidores que tarde o temprano les va a afectar porque se pierden fuentes de empleo, no hay crecimiento económico, ni inversión”. La primera parte de su declaración tiene una amplia explicación en el reporte dirigido por Joe Karaganis (American Assembly, Columbia University) llamado Media Piracy in Emerging Economies presentado por ARTICLE19 en México el verano pasado, y que cualquiera que se diga experto debería leer, éste tiene importantes puntos que destacar:

  1. Los precios son demasiado altos. Los altos precios, los bajos ingresos económicos y las tecnologías digitales baratas (y legales) son los ingredientes principales de la piratería de medios global. En relación a los ingresos locales en Brasil, Rusia o Sudáfrica, el precio de venta de un CD, DVD, o una copia de MS Office es de cinco a diez veces mayor que en los EE.UU. o Europa. Mercados de medios legales son correspondientemente pequeños y subdesarrollados.
  2. La competencia es buena. El predictor principal de los bajos precios en los mercados de medios legales, es la presencia de fuertes empresas nacionales que compiten por el público local y los consumidores. En las economías emergentes, donde las empresas de cine mundial, música y software dominan el mercado, estas condiciones están ausentes.
  3. La educación contra la piratería ha fallado. Los autores no encuentran el estigma unido a la piratería significativo en ninguno de los países examinados. Más bien, la piratería es parte de las prácticas diarias de los medios de comunicación porciones grandes y crecientes de la población.
  4. Cambiar la ley es fácil, el cambio de la práctica es difícil. Cabilderos de la industria han tenido mucho éxito en cambiar las leyes para criminalizar estas prácticas, pero en gran medida sin éxito en lograr que los gobiernos las apliquen. Entonces, dicen los autores, no hay manera realista de conciliar la aplicación de masa y el debido proceso, especialmente en los países con sistemas jurídicos severamente sobrecargados.
  5. Los criminales no pueden competir con lo gratuito. El estudio no encuentra vínculos sistemáticos entre la piratería de medios y el crimen organizado o el terrorismo en cualquiera de los países examinados. Hoy en día, los piratas y contrabandistas comerciales transnacionales enfrentan al mismo dilema que la industria legal: cómo competir con lo gratuito.
  6. La criminalización no ha funcionado. Después de una década de aplicación rampante, los autores pueden encontrar impacto igual a cero en la oferta global de productos piratas.

Esto pone en perspectiva complicada la visión del nuevo funcionario, la segunda parte de su declaración acerca de la inversión y la pérdida de empleos ha sido una y otra vez refutada en EUA, precisamente con cifras de la American Chamber sin sustento alguno, vale la pena leer a Julian Sánchez sobre ello.

El “nuevo IMPI” hoy parece más viejo que nunca, se insiste en reforzar una política que no ha dado resultado en las últimas dos décadas sin siquiera salirse del guión, aunado a ello, los vínculos entre el titular y la industria auguran una sistemática exclusión de otras voces en la discusión de un tema que trastoca la vida de todos. Sin novedad, el IMPI se mantiene como un club privado financiado con recursos públicos.

Tenemos que hablar…del #TPP

La ronda de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) continúa en Nueva Zelanda, las expectativas se están cumpliendo: hay muy poca información de lo que está sucediendo. Encontré en el sitio canadiense iPolitics dos reseñas de un experto en tratados internacionales (o por lo menos eso dice), Peter Clark, quien está en Auckland y tiene algunos datos interesantes.

Lo primero es que con la entrada de los nuevos negociadores se han dejado las partes sustanciales del Acuerdo para mejor momento, dice Clark:

Las negociaciones Auckland no están generando mucho movimiento. No se esperaba que pasara. La atención se ha centrado en las cosas fáciles, las cuestiones difíciles han sido dejadas de lado o se evitan. En efecto, el TPP se está ejecutando en el momento.

La semana pasada, de acuerdo al reporte de Clark, los asuntos que ocuparon las negociaciones fueron el acceso al libre comercio de azúcar y el conflicto que representaría para los miembros del TLC, también se trataron los acuerdos en materia fitosanitaria, Clark reporta que de parte de México quien habló sobre la industria de la carne fue Eugenio Salinas Morales, ¿quién más estará de parte de México?  Seguramente nunca lo sabremos.

Otro dato importante es que las discusiones más importantes incluidas las patentes farmacéuticas, empresas de propiedad estatal y  las medidas sanitarias serán discutidas hasta la siguiente ronda. Por lo pronto explica Clark:

Malasia tiene preocupaciones con los capítulos de las empresas estatales y servicios financieros, y en las negociaciones de acceso a mercados para el arroz, productos para el automóvil y el acero (posiblemente).

Australia y Nueva Zelanda tienen problemas relacionados con el acceso al mercado de los EE.UU. para el azúcar, productos lácteos y carne de res. México se alineó contra el acceso a los productos lácteos, azúcar  y las reglas de origen acumulativas.

México y Perú apoyan la posición de EE.UU. sobre normas de origen para la ropa, los que se oponen sonVietnam, Malasia y Australia, y en realidad no son apoyados por ninguna otra persona.

Sigue pareciendo extraño que se negocien en privado cosas que afectan directamente a la vida de las personas como  ropa, lácteos, azúcar o carne, pero también información, internet, propiedad intelectual… y que a todo mundo le parezca lo más normal.

Fuente: aquí y aquí